La reparación ordenada por el Tribunal Contencioso sobre Justicia Social no puede ni debe modificar el calendario electoral.

La noche de este lunes 14 de diciembre, el Pleno Nro. 43 del CNE aprobó con cuatro votos a favor y una abstención, una Resolución que sostiene que las medidas de reparación integral ordenadas por el Tribunal Contencioso Electoral en la sentencia de la Causa No. 080-2020-TCE, referente al
Movimiento Nacional Justicia Social, Lista 11, son inejecutables. Estas medidas contravienen expresas normas de Derecho Público. El CNE ampara sus decisiones en los artículos 424 y 425 de la
Constitución que prescriben la supremacía de la Constitución y la jerarquía del ordenamiento jurídico.
Al respecto, el consejero electoral Luis Verdesoto enfatizó que aceptar las medidas de reparación y modificar los plazos, puede constituir un delito, ya que se va en contra de normas expresas establecidas en el Código de la Democracia. La sentencia es ejecutable en cuanto a la vida jurídica del
movimiento y las medidas de reparación son inejecutables por imposibilidad material y legal.
El consejero electoral Luis Verdesoto, además de afirmar que en ningún caso se puede cometer un delito, recalcó que el Consejo Nacional Electoral debe proteger la validez de los procesos electorales internos o elecciones primarias realizadas dentro de los plazos previstos para el efecto y conforme a los requerimientos legales. “La constitucionalidad de la democracia interna consiste en la expresión unívoca de la voluntad de los militantes y adherentes, la que no puede ser trastocada por procesos
subsiguientes, ya que da inicio a las obligaciones públicas de una organización política ante la sociedad y el Estado”.
Bajo ninguna justificación se puede alterar las fechas constitucionales de posesión de asambleístas –
14 de mayo- y de Presidente de la República -24 de mayo-. Precisamente por ello, el artículo 16 del Código de la Democracia establece la prohibición de realizar interferencias ilegítimas, directas o indirectas en el desarrollo y ejecución de los procesos electorales cuya competencia corresponde y es
exclusiva del Consejo Nacional Electoral; so pena de incurrir en el delito tipificado y sancionado en el artículo 331 del Código Orgánico Integral Penal. Añadió que para llevar a efecto la reparación integral al Movimiento Justicia Social, se requeriría poco más de 2 meses, tiempo que se contrapone con los 36 días previstos para la campaña electoral de las organizaciones políticas, que arranca el 31 de diciembre y culmina dos días antes de la elección del 7 de febrero.
El consejero Verdesoto reafirmó el sentido de la Resolución aprobada por el Pleno del CNE al manifestar que “el Tribunal Contencioso Electoral debe abstenerse de realizar actos que interfieran
en las competencias privativas del Consejo Nacional Electoral, al margen de las normas existentes, que pretendan alterar procesos tales como democracia interna, aceptación e inscripción de candidaturas y calificación de las mismas”.
La autoridad enfatizó que el Código de la Democracia no ha otorgado a las sentencias del Tribunal contencioso Electoral un efecto retroactivo, modificando los plazos electorales establecidos en la ley.
Por lo que su cumplimiento implicaría postergar las elecciones y la transmisión del mando.

Fuente: CNE

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