SNAI: faltan recursos y reformas legales para mejorar control en las cárceles

Tras un año de la primera declaratoria de estado de excepción en las cárceles que duró entre mayo y agosto del 2019, el director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI), Edmundo Moncayo manifestó que faltan recursos y reformas legales para mejorar el control en las cárceles, durante su comparecencia ante la Comisión de Relaciones Internacionales, Soberanía y Seguridad del Estado para explicar los hechos del 3 de agosto, ocurrido en la Penitenciaría del Litoral.

«En seguridad, en realidad (…), si bien es cierto, es el derecho de las personas privadas de la libertad, no hemos tenido el éxito – y lo estamos viendo con otro nuevo estado de excepción – que habríamos querido. Sin embargo, el trabajo está ahí, porque se han realizado más de 800 operativos de control con apoyo de 2000 agentes policiales, en estas acciones se incautaron armas blancas, dinero, armas de fuego, accesorios telefónicos y otros. En el 2019 se realizaron 2597 traslados (…) conversamos con estas organizaciones delictivas, se socializó los temas y nos encontrábamos en procesos», señaló Moncayo.

Actualmente, hay 1447 agentes penitenciarios para 53 centros de privación de la libertad en el país con 37 500 personas privadas de la libertad, según datos proporcionados en la rueda de prensa de las autoridades para explicar la declaratoria del segundo estado de excepción, en lo que va del gobierno del presidente Lenín Moreno. «El numérico con el que trabajamos es bastante bajo con relación a la población penitenciaria» dijo Moncayo

En tanto, Héctor Reyna, director de la Pentenciaría del Litoral que también compareció a la Comisión pese a su padecimiento de cáncer de colon, agregó que en ese de Centro de Rehabilitación Social hay 900 presos, 123 guías en cuatro turnos, cada turno doblado con retén, es decir, 72 guías para 9000 presos y «así logré controlar la violencia por casi ocho o nueve meses, salgo y se arma el relajo», aseguró.

Moncayo dijo que la pandemia del COVID-19 afectó el presupuesto para el SNAI, no existe el suficiente recurso humano, los sueldos son de $800 estabilizado hace ocho años y tampoco hay capacitación necesaria, han realizado algunas adquisiciones de implementos de seguridad como toletes y botas.

Respecto a las leyes, el titular del SNAI sostuvo que es necesario implementar en el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana y Orden Público (COESCOP) para que el cuerpo de seguridad penitenciaria que es el que trabaja al interior de los centros tenga una mejor formación, disciplina y capacidad de ascensos.

«Para el cumplimiento de la misión es necesario entregar los medios», concluyó Moncayo.

Ante esta exposición, los asambleístas René Yandún y César Carrión pidieron a Moncayo que remita informes necesarios sobre las necesidades que tiene el sistema penitenciario para presionar – dijo Yandún – al gobierno para que atienda, porque en este tema el país está totalmente subdesarrollado y atrasado y, para remitirle al Consejo de Seguridad del Estado.

Los asambleístas coincidieron en las declaratorias del estado de excepción no solucionan el problema, si es que no hay recursos para mejorar el control en las cárceles. El legislador Dennis Marín agregó que no se debió esperar a que suceda otro evento violento, como lo ocurrido el 3 de agosto, para decir que no se tenía recursos para cumplir el plan de acción.

Por su parte, la ministra de Gobierno, María Paula Romo, que compareció al inicio de la sesión, reconoció que el nuevo estado de excepción decretado «no resuelve el problema (de fondo de las cárceles), pero servirá para reforzar los controles».

Sobre los hechos del 3 de agosto, Orlando Jácome, sudirector técnico de Rehabilitación Social, informó que se encontraba en la Penitenciaría del Litoral ese día y que dos grupos de privados de la libertad, un grupo intentaba atacar el Pabellón 5, donde se encontraban la mayoría de privados de la libertad integrantes de pandillas y otro grupo al edificio administrativo, pero se logró controlar desde la terraza del edificio administrativo y con presencia policial.

Eñ 3 de agosto, en ese centro de rehabilitación, los enfrentamientos violentos entre las pandillas de Los Choneros y Los Lagartos, dejaron once reos muertos y seis policías heridos.

Jácome insistió en que es necesario más agentes de seguridad en la Penitenciaría del Litoral y también funcionarios administrativos.

Fuente: El Universo

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