Fiscalía muestra preocupación por resoluciones jurisdiccionales en investigaciones de actos de corrupción que lleva la Fuerza de Tarea

«Profunda preocupación» le generaría a la Fiscalía General del Estado (FGE) las decisiones adoptadas en estas últimas horas por los órganos jurisdiccionales respecto a casos que investiga la Fuerza de Tarea, creada el lunes último por la fiscal general Diana Salazar para analizar temas de corrupción que estén relacionados a la emergencia sanitaria de COVID-19 . Mediante un comunicado la institución dio a conocer el mediodía de este jueves su posición.

«Como órgano técnico especializado y titular de la acción penal, la FGE actúa con sujeción a la Constitución, la Ley y los convenios de derechos humanos. Y si bien la medida cautelar de prisión preventiva es excepcional, desde la excepcionalidad existen parámetros que también los operadores de justicia deben analizar al momento de motivar sus fallos», se indicó en el comunicado.

Horas antes al mismo, en la cuenta institucional de Fiscalía se colocaron dos mensajes respecto al tema. En el primero se señalaba que a pesar de que la institución justificó la solicitud de prisión preventiva contra ocho procesados por tráfico de influencias, entre ellos, el prefecto del Guayas, Carlos Luis Morales, el juez a cargo emitió medidas alternativas como la prohibición de salida del país, la presentación periódica y el dispositivo de vigilancia.

Otro de los casos señalados fue el que tiene que ver con el expresidente de la República, Abdalá Bucaram, contra quien la Fiscalía pidió prisión preventiva por el delito de tráfico de armas y municiones, el juez del caso ordenó arresto domiciliario. Ambos casos se dieron en el marco de operaciones realizadas por la Fuerza de Tarea Multidisciplinaria de la FGE.

En el comunicado se explica que Ecuador vive un estado de excepción por la emergencia sanitaria que ha dejado ya miles de víctimas mortales, ha colapsado el sistema nacional de salud y ha afectado profundamente el desarrollo productivo del país. Paralelamente, se indica, se han hecho públicas una serie de denuncias sobre presuntos sobreprecios e inconsistencias en proceso de contratación para dotar de insumos médicos a hospitales y entregar asistencia humanitaria.

Para la Fiscalía las víctimas de estos «reprochables actos de corrupción» demandan justicia de los organismos jurisdiccionales, incluso considerando que muchos de los acusados son funcionarios públicos en cargos jerarquizados, que pueden poner en riesgo las investigaciones y quedar en la impunidad.

«El combate a la corrupción debe ser integral, es un compromiso continuo de la sociedad y particularmente de las instituciones de la Función Judicial. (…) La FGE hace un llamado a los demás órganos del eje de justicia para que asuman esa responsabilidad con mayor entereza y contundencia, en el marco de sus competencias y del debido proceso», refiere la FGE en su comunicado.

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